LA CORTE SUPREMA CLARIFICA LAS REGLAS PARA LA IMPOSICIÓN DE SERVIDUMBRES PÚBLICAS DE CONDUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA

La Corte Suprema de Justicia de Colombia estableció recientemente importantes directrices sobre el juicio de imposición de servidumbres públicas para el tendido de redes de energía eléctrica. En su fallo, la Corte destacó la aplicación del artículo 18 de la Ley 126 de 1938, que establece el carácter legal de estas servidumbres, y aclaró el procedimiento para llevar a cabo su imposición, subrayando las características y diferencias con otros procesos judiciales.
El fallo se basa en el carácter legal de la servidumbre de conducción de energía eléctrica, reconocido en la legislación vigente, particularmente en la Ley 126 de 1938 y la Ley 56 de 1981. Estas leyes permiten a las empresas de energía eléctrica imponer servidumbres de paso, ocupación y mantenimiento sobre terrenos privados para la instalación y conservación de las redes de transmisión y distribución de electricidad. Esta servidumbre es considerada esencial para el avance de las obras públicas de infraestructura eléctrica.
La Corte precisó que el juicio para hacer efectiva esta servidumbre ante la jurisdicción ordinaria tiene un procedimiento particular. En primer lugar, establece una reglamentación diferenciada con respecto a otros procesos judiciales, lo que incluye una serie de reglas específicas sobre notificación, inspección judicial y compensación. Entre los aspectos destacados por la Corte están la obligación de realizar una inspección judicial dentro de las 48 horas posteriores a la demanda, la brevedad de los plazos para los traslados y la imposibilidad de presentar excepciones en el proceso.
Además, la Corte resaltó que, en este tipo de juicio, la compensación económica para los propietarios afectados debe ser determinada con base en las condiciones establecidas en la ley, y no puede ser negociada libremente como en otros procesos. Esto garantiza que los propietarios sean adecuadamente indemnizados por el uso de sus terrenos para el tendido de redes eléctricas.
Este fallo tiene un impacto significativo en el sector energético y en los propietarios de terrenos afectados por estas servidumbres. Las empresas encargadas de la distribución de energía eléctrica deberán ajustar sus procedimientos conforme a las nuevas reglas establecidas por la Corte, garantizando una mayor transparencia y eficiencia en la ejecución de las obras de infraestructura. A su vez, los propietarios de terrenos afectados tendrán más claridad sobre sus derechos y la compensación que pueden esperar.
La Corte Suprema ha reforzado la legalidad de las servidumbres públicas necesarias para el desarrollo de la infraestructura eléctrica, al tiempo que establece un proceso judicial claro y eficiente para su imposición. Este fallo ayuda a equilibrar las necesidades del sector energético con los derechos de los propietarios privados, asegurando que los proyectos de infraestructura avancen sin comprometer los principios de equidad y justicia.